El impuesto de SADAIC a recitales por streaming encendió la polémica

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La decisión de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) de cobrar un impuesto por derechos de propiedad intelectual a las transmisiones de recitales y festivales musicales por streaming generó polémica en el mundo de la música.

Ana Poluyan, mánager de Los Pericos y vicepresidenta de la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos (ACMMA) señaló a la agencia Télam que “el viernes recibimos este comunicado e inmediatamente me puse en contacto con las autoridades de SADAIC para poder debatir el tema. Necesitamos primero ser cautelosos y entender las implicancias del comunicado, y después vamos a dar una declaración unificada. Decir algo anticipadamente sería ridículo”.

Poluyan confirmó la asistencia de la cúpula del organismo de mánagers a la asamblea anual de SADAIC, que se realiza el próximo martes, para discutir distintos tópicos, entre ellos el alcance del arancel, como también la solicitud por parte de los productores de un protocolo comercial y logístico que permita la reapertura de estudios de grabación.

“Buscamos reactivar esa parte comercial. Eso nos va a permitir hacer shows, poder grabar discos de forma profesional”, anunció una de las cabezas de ACMMA.

La cuota estipulada por SADAIC será de un 12 por ciento de los ingresos totales a los shows para los que se cobren entradas (sin contar el IVA y sin restar ningún costo o cachet). En caso de que el streaming sea gratuito, SADAIC advierte que “se reserva el derecho de aplicar la tarifa del 12%” calculándola en función de los ingresos de eventos similares.

Según anunció SADAIC en su página web, al 12 por ciento establecido se le agregará una suma fija de 250.000 pesos en casos de que se trate de un recital o festival que tuviera una “clara identificación institucional con un nombre o marca de empresa o institución”. Ese monto se elevará a 400.000 en caso de que la transmisión se realice en simultáneo con otro medio de comunicación, como la televisión o la radio.

A priori, los aranceles parecen apuntar a todo el espectro de shows online, desde los megafestivales reconvertidos a eventos virtuales (Quilmes Rock, Movistar Fri Music o el próximo Cosquín Rock) hasta las plataformas pagas para la monetización de recitales, como Livepass Play, que comenzaron a proliferar en la Argentina en las últimas semanas.

Por la amplitud del objeto, de hecho, actividades ya clásicas de cuarentena como los DJ sets transmitidos por Facebook o Instagram también quedarían alcanzados por la medida. “Debe ser por la Bresh”, dijo al portal Silencio un productor -que pidió no ser identificado- en referencia a la fiesta del local porteño Niceto Club, con alrededor de 60 mil usuarios conectados cada sábado, que cuenta desde hace algunas semanas con una empresa de delivery como sponsor.

Además, frente al anuncio motivado por la modalidad que se masificó ante las restricciones por la pandemia, los músicos esgrimen que, en cambio, la entidad “jamás elaboró o redactó un anteproyecto para cuidar los derechos de autor en las tiendas digitales”.

El músico, compositor de bandas de sonido y director de orquestas Nicolás Sorin, fundador de Octafonic, tuiteó: “Impresentables como siempre SADAIC”, Valentino, guitarrista de jazz, afirmó “Qué pasó SADAIC?…no creo que yo pueda ganar mucho dinero por streaming… de hecho no estoy ganando un peso”, mientras que el rockero Machy Raúl Lococo consideró que las autoridades de SADAIC “son como la banca, siempre ganan ellos, porque yo pasé 30 o 40 planillas correctamente el año 2019 en bares que pagan y festivales oficiales y no cobré un mango”.

Mariano Fernández Bussy de Me Darás Mil Hijos afirmó que “SADAIC anuncia que cobrará por los vivos online. Se ve que les sigue siendo mucho más cómodo sacarnos guita a nosotros aunque sean migas y robarnos la billetera cuando estamos en el piso que ir a sentarse a hablar con Spotify y sus secuaces para pelear por ese 0,000 algo que pagan por reproducción. Creo que nos tenemos que negar a que toquen un centavo antes que haya una legislación seria sobre lo digital”.

“Se mostraron con mucha falta de tacto y sensibilidad social”, escribió José Luis Cameron, director de la productora Gonna Go, en su cuenta de Twitter. “No me parece adecuado promoverlo ya, y me parece bien que se genere una mesa de trabajo con las demás cámaras para encararlo sin perjudicar a los músicos”, agregó luego en diálogo con Silencio.

En tanto, el productor Andy Zaina -organizador del festival mendocino Aurora- escribió en Facebook rechazando la “falta de respeto, de consideración y la máxima expresión de incompetencia” de la medida. “En vez de tratar de paralizar a la industria deberían incentivarla a reactivarse, y hasta en algunos casos SADAIC debería financiar plataformas para que los artistas al menos se visibilicen”, indicó.

Sumando otra mirada, Andrea Álvarez reflexionó en su cuenta de Twitter que “cuando se hace un show en streaming lxs artistas pueden no cobrar cachet si lo desean, pero lo correcto y que nunca pasa porque no le encuentran la vuelta es cobrar los derechos de autor, compositor e intérprete. Nadie quiere pagarlos. Todo el mundo se queja de las plataformas…hay que cobrar ese derecho y esa forma debe ser encontrada urgentemente”. “No se si es correcta la forma, pero me alegra que por fin los organismos que defienden nuestros derechos se pongan las pilas”, agregó.

Por su parte, desde SADAIC defendieron la decisión. “Hemos desarrollado algo que no exceda lo que ya está estipulado hace varios años con las plataformas”, explicó Victor Yunes, director general de la Asociación, en declaraciones a La Nación. Si bien el comunicado es reciente, aclaran que es algo que se viene evaluando hace seis meses, a partir de la falta de regulación en el contexto digital, y sugieren que podrían aumentar otros aranceles, considerando que las plataformas ya reportaron a SADAIC la posible aparición de dos a tres proyectos de nivel continental para espectáculos masivos bajo un sistema similar al pay per view.

Los chispazos entre SADAIC y los músicos no son nuevos. En 1971, la institución había rechazado a Luis Alberto Spinetta como miembro para cobrar por sus propias obras, porque “carecía de las aptitudes y capacidades para ser socio de esta sociedad”.

Como respuesta, Spinetta escribió una carta a SADAIC que decía: “Quién de ustedes llora el sufrimiento eterno! ¿Qué sutileza irreal envuelve sus oídos gastados? Las circunstancias se redondean al conocerse los daños, pero nunca, desde mi hermoso corazón, al escupir sobre las músicas”.

“Los días, es cierto, pasaron desde mi examen, los sonetos letrinosos con los que se pretendía la formalidad armónica de una canción original, que pudiese ser calificada por un jurado de eliminación, ni siquiera hubieran servido para un silencio ad libitum”, decía. “¿Qué pretende la mente corrompida cuando seduce a la inspiración profunda sólo para exhalar flatos onánicos desde el trono de un juicio musical? (…) Ustedes deben destapar sus oídos. Para destapar sus cerebros, cualquier revólver llegaría inexorablemente tarde”.

SADAIC es una entidad de gestión colectiva monopólica y exclusiva, carácter adquirido gracias a un decreto-ley de la dictadura de Juan Carlos Onganía -autodenominada “Revolución Argentina”- que nadie ha litigado aún. No hay otra que le compita: si un músico tiene un repertorio, no hay forma de que no sea administrado por SADAIC. “Si a mi me preguntan quién es el peor expropiador de derecho de propiedad intelectual, te digo: SADAIC, porque ellos se arrogan el derecho de administrar tu repertorio independientemente de que vos quieras o no que te representen”, afirmó Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, Magíster en Propiedad Intelectual y docente de la Universidad de Buenos Aires. Es una situación “muy seria”, en términos de la misma doctrina, dado que la Ley de Propiedad Intelectual le da sólo al autor esas potestades.

Lo cierto es que, con este modelo, hay muchísimos autores que no pueden ejercer la potestad sobre su música, música por la que SADAIC cobra y cuyos frutos posiblemente nunca puedan ver. “Es un sistema absolutamente opaco que maneja millones y millones de pesos, un sistema que carece de auditorías transparentes”. SADAIC tiene dos auditores designados por el Estado. Son funcionarios públicos, pero los sueldos de esos funcionarios los paga la misma entidad. “El que te audita tiene su sueldo atado a tu sueldo, que sos el auditado”, explicó Busaniche.

A su vez, SADAIC posee la figura legal de Organización no gubernamental (ONG). Esto implica que las auditorías no se hacen públicas y, por ende, no están cubiertas por las demandas de acceso a la información pública. “Es un ente recaudador con más capacidad de recaudar que AFIP, creo yo, porque va a las peluquerías, va a los hoteles, va a los bares, va a los restaurantes, va a las empresas de colectivo, va a los canales de televisión, va a las radios. Va a todo lugar donde se hace ejecución pública, y cobra”. Como contrapartida, todo lo que SADAIC cobra en estos casos y recauda va a lo que se conoce popularmente como el vuelco. ¿Qué es el vuelco? Una definición no técnica para dar nombre a un estado de situación bastante concreto, que tiene que ver con la opacidad de la recaudación y su desigual distribución entre los autores. Nadie sabe cómo se distribuye, ni cómo se calcula lo que va allí. El vuelco es un fondo común en el que ingresa la recaudación producto de la reproducción pública, en la que no se discriminan ni las obras ejecutadas ni los autores de dichas obras. Su reparto, arbitrario, favorece siempre a los mejor posicionados.

La estructura que posee SADAIC hace que sea prácticamente imposible para un músico asociarse. Trabas burocráticas, requisitos excluyentes. “¿Qué clase de representación, qué clase de instrumento es eso para defender los intereses de los músicos?”, se preguntó Busaniche. El otro problema que hay es que las organizaciones que aparecen como para, de algún modo, disputar esa hegemonía -como podría ser el caso de la UMI- terminan metiéndose bajo la misma órbita. “Ninguna fuerza política fuerte está cuestionando esto. Es una discusión que nadie quiere dar. En general, no hay un autocuestionamiento de las reglas de propiedad privada en el campo de la cultura. No hay, es como un no-tema. Artistas de izquierda, artistas que cuestionan la propiedad privada, artistas que cuestionan, a la hora de tocar la propiedad intelectual, no quieren hacerlo”.

Los derechos de propiedad intelectual pueden entenderse como propiedad rentística. Siguiendo la misma línea, pensar los honorarios de un músico en términos de “salario”, implica ubicarse en las antípodas. “Hay que definir de qué lado del mostrador se está. Si del propietario rentístico o del trabajador asalariado. No podés estar de los dos lados. Tomá una decisión, en función de la decisión que tomes vamos a discutir. Si estás del lado del laburante asalariado, que cobra por su trabajo, yo me voy a parar a tu lado; si vos te parás del lado del propietario rentístico, ahí vamos a empezar a discutir”, planteó Busaniche y, ante la cuestión de cómo tratar de comenzar a dar vuelta todo este estado de situación, dijo que quizá sea hora de que “los músicos empiecen a tomar un poco más de conciencia de clase”.

Productores, mánagers y músicos coinciden en que esta decisión de SADAIC pondrá a la entidad en el ojo de la tormenta “como hace tiempo no ocurría y puede darle paso a cambios que los músicos vienen reclamando hace décadas”.